La Importancia de una Sentencia Bien Justificada: Reflexión sobre el Derecho a la Motivación

Soy Diego Paredes González, abogado, y hoy quiero hablarles sobre algo fundamental que afecta nuestro sistema judicial y el acceso a una verdadera justicia constitucional en Ecuador: el derecho a la motivación en las sentencias.

En la Constitución de 2008, se estableció que todas las decisiones judiciales deben ser motivadas. ¿Qué significa esto? Que cada sentencia debe explicar de forma clara y lógica cómo se llegó a la conclusión, detallando los hechos y los argumentos jurídicos que la sustentan. Este derecho no es un simple requisito formal; es una herramienta esencial que garantiza transparencia y limita el riesgo de arbitrariedad judicial. Sin embargo, la realidad actual de nuestro sistema judicial y ciertas decisiones recientes de la Corte Constitucional parecen estar poniendo en riesgo este derecho.

Recientemente, la Corte ha implementado nuevos criterios para evaluar el cumplimiento del derecho a la motivación. Estos criterios parecen más flexibles y, en mi opinión, permiten una justificación más superficial de las sentencias. Por ejemplo, al dejar de lado el conocido “test de motivación”, la Corte ha reducido las exigencias sobre la estructura mínima y el contenido de las argumentaciones judiciales. Ahora, una sentencia solo necesita cumplir con “mínimos” de motivación para ser considerada válida, lo que puede derivar en explicaciones vagas y poco consistentes.

En mi práctica profesional, he visto cómo esta flexibilidad impacta a quienes dependen de un sistema judicial que debiera ser justo. He tenido clientes que, en ejercicio de su derecho a la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, llegan a palpar la injusticia solo para ver cómo sus casos eran rechazados sin cumplir siquiera con el trámite, por no cumplir, entre otros, con estos nuevos estándares. La falta de un control riguroso sobre las motivaciones de los jueces permite que decisiones importantes se tomen sin la claridad y el análisis exhaustivo que merecen. Esto no solo es injusto; pone en peligro la confianza en el sistema y reduce el acceso a la justicia.

¿En qué nos afecta como ciudadanos? Estos cambios significan que muchos jueces pueden dictar sentencias sin fundamentar adecuadamente sus decisiones, amparándose en una justificación mínima. La interpretación de la Corte facilita una suerte de “libre albedrío judicial”, en el cual los argumentos pueden pasar a segundo plano. Y esto es un terreno fértil para la corrupción, la arbitrariedad y la impunidad.

Me parece inaceptable que, en un país que aspira a la justicia, se debilite uno de los principios más esenciales para su funcionamiento. La motivación en las sentencias es lo que permite controlar el cumplimiento de la ley y asegurar que ninguna decisión se tome sin una base normativa clara aplicada al caso concreto. Este derecho no debe ser una opción o una formalidad superficial, sino una obligación firme para protegernos a todos.

Como abogado, seguiré luchando para que el derecho a la motivación se respete y fortalezca en nuestro sistema judicial. La justicia no puede ser una cuestión de “mínimos”. Merecemos un sistema que rinda cuentas y esté verdaderamente comprometido con la transparencia y la protección de los derechos de cada ciudadano.

Es momento de exigir que las decisiones de nuestros jueces se basen en argumentos legales sólidos, aplicados al caso concreto y de forma transparente, porque solo así podremos asegurar una justicia genuina y un país que respete verdaderamente los derechos de todos.